Multa administrativa: definición
Una multa administrativa es una sanción económica impuesta por una autoridad de control en materia de protección de datos por infringir el Reglamento general de protección de datos (RGPD). La base jurídica principal es el artículo 83 del RGPD. No se impone una multa automáticamente tras cada infracción. La autoridad debe evaluar las circunstancias de la actividad de tratamiento concreta y determinar si la multa es efectiva, proporcionada y disuasoria.
En el tratamiento de imágenes y vídeos, una multa administrativa puede derivarse de la recogida, conservación, divulgación o protección insuficiente de grabaciones que permitan identificar a personas. Las grabaciones de vídeo que contienen rostros identificables son, por lo general, datos personales. Un rostro anonimizado de forma irreversible, de modo que ya no sea razonablemente probable identificar a la persona, queda fuera del ámbito del RGPD, sin perjuicio de la evaluación prevista en el considerando 26 del RGPD.
Las multas administrativas pueden aplicarse a organizaciones que operan cámaras, reciben grabaciones de clientes, prestan servicios de tratamiento de vídeo o determinan cómo se tratan los datos de rostros y matrículas. También pueden aplicarse a los encargados del tratamiento cuando incumplen obligaciones que les impone directamente el RGPD.
Niveles de las multas conforme al artículo 83 del RGPD
El artículo 83 establece dos niveles máximos. El límite aplicable depende de las disposiciones infringidas. Este límite es un máximo legal, no un importe estándar. En el caso de una empresa, el porcentaje del volumen de negocio anual global puede dar lugar a un importe superior a la cantidad fija en euros.
Nivel máximo de multa | Disposiciones relevantes del RGPD | Importe máximo | Ejemplos en videovigilancia |
|---|---|---|---|
Nivel inferior | Artículos 8, 11, 25-39, 42 y 43 del RGPD | Hasta 10 millones de euros o hasta el 2 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, la cifra que resulte superior | Falta de protección de datos desde el diseño adecuada, contrato insuficiente con el encargado del tratamiento, controles de seguridad insuficientes o falta de realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos obligatoria |
Nivel superior | Artículos 5, 6, 7, 9, 12-22 y 44-49 del RGPD | Hasta 20 millones de euros o hasta el 4 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, la cifra que resulte superior | Grabaciones recogidas sin una base jurídica válida, conservación excesiva, consentimiento inválido, información de privacidad inadecuada, transferencia internacional ilícita o desatención de los derechos de los interesados |
Estos límites se establecen en los artículos 83, apartados 4 y 5, del RGPD. Cuando se produzcan varias infracciones derivadas de operaciones de tratamiento idénticas o vinculadas, el artículo 83, apartado 3, dispone que la multa total no debe superar el máximo correspondiente a la infracción más grave.
Cómo calculan las autoridades de control una multa administrativa
El artículo 83, apartado 2, del RGPD enumera los factores que debe considerar cada autoridad de control. El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) explica un enfoque de cuatro pasos en sus Directrices 04/2022 sobre el cálculo de las multas administrativas en virtud del RGPD, versión 2.1, adoptadas el 24 de mayo de 2023.
- Identificar las operaciones de tratamiento y determinar si constituyen uno o varios casos.
- Identificar las infracciones y determinar el máximo legal aplicable.
- Evaluar la gravedad de la infracción, incluida su naturaleza, alcance, duración, carácter intencionado o negligente, interesados afectados y categorías de datos personales.
- Ajustar el importe en función de los factores agravantes y atenuantes, garantizando que la multa final siga siendo efectiva, proporcionada y disuasoria.
Entre los factores atenuantes relevantes pueden figurar la contención rápida del incidente, una cooperación significativa con la autoridad y medidas técnicas y organizativas documentadas. El incumplimiento reiterado, el tratamiento deliberado, no acatar una orden de la autoridad o beneficiarse económicamente de la infracción pueden aumentar el importe.
Fallos habituales en la videovigilancia y la anonimización
Los procesos relacionados con cámaras y vídeo suelen generar varios riesgos para el cumplimiento del RGPD al mismo tiempo. La cuestión no se limita a si se difuminan los rostros. Las organizaciones deben evaluar todo el ciclo de vida de las grabaciones: recogida, almacenamiento, acceso, exportación, intercambio, anonimización y eliminación.
- Ausencia de base jurídica: grabar a visitantes, empleados, clientes o transeúntes sin identificar una base jurídica adecuada conforme al artículo 6 del RGPD.
- Vigilancia desproporcionada: utilizar cámaras cuando medidas menos intrusivas permitirían cumplir la finalidad declarada o grabar zonas que no guardan relación con esa finalidad.
- Transparencia insuficiente: no proporcionar avisos claros sobre las cámaras ni la información exigida por los artículos 12 a 14 del RGPD.
- Conservación excesiva: conservar grabaciones identificables durante más tiempo del necesario, en contra del principio de limitación del plazo de conservación del artículo 5, apartado 1, letra e), del RGPD.
- Control de acceso deficiente: permitir un acceso amplio a las grabaciones originales, mantener exportaciones sin protección o compartir carpetas que contienen vídeos identificables.
- Evaluación de riesgos incompleta: no realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos conforme al artículo 35 del RGPD cuando la supervisión sistemática pueda entrañar un alto riesgo para las personas.
- Anonimización inadecuada: distribuir vídeo tras un difuminado o pixelado incompleto, cuando los rostros o las matrículas siguen siendo identificables en fotogramas individuales, reflejos, imágenes movidas o detecciones omitidas.
Multas administrativas y difuminado de rostros o matrículas
La detección de rostros y la detección de matrículas pueden contribuir a la minimización de datos cuando es necesario compartir grabaciones para formación, revisión de incidentes, investigación, publicación o acceso de proveedores. Sin embargo, difuminar rostros o matrículas no sustituye a una base jurídica válida, la transparencia, los controles de conservación ni las medidas de seguridad. Una copia difuminada puede reducir el riesgo, pero las grabaciones originales siguen siendo datos personales y deben continuar rigiéndose por el RGPD.
Las organizaciones deben validar la anonimización antes de divulgar grabaciones a terceros. Las comprobaciones relevantes incluyen la cobertura de detección, la tasa de falsos negativos, la revisión de cambios de escena, la verificación fotograma a fotograma de movimientos rápidos y la confirmación de que los archivos originales y las exportaciones se almacenan por separado. Un rostro o una matrícula no detectados pueden permitir identificar a una persona y poner en duda que las grabaciones compartidas estén anonimizadas.
Gallio PRO trata archivos de imágenes y vídeo almacenados, no transmisiones de vídeo en tiempo real. Su tratamiento automático abarca los rostros y las matrículas. Los logotipos de empresas, tatuajes, tarjetas identificativas, documentos y contenido de monitores requieren un difuminado manual con el editor manual integrado. Estos límites deben incluirse en el procedimiento de revisión y la evaluación de riesgos de la organización.
Base jurídica y directrices conforme al Derecho de la UE
Las multas administrativas se rigen por los artículos 58 y 83 del RGPD. El artículo 58 otorga a las autoridades de control poderes correctivos, entre ellos advertencias, apercibimientos, órdenes de cumplimiento, limitaciones del tratamiento y multas. Por tanto, una multa puede combinarse con una orden para detener el tratamiento, eliminar grabaciones, mejorar la seguridad o atender una solicitud de un interesado.
Las principales fuentes para el cumplimiento en materia de videovigilancia son:
- Reglamento (UE) 2016/679, en particular los artículos 5, 6, 25, 32, 35, 58 y 83, y los considerandos 26, 74 a 77 y 148.
- Directrices 3/2019 del CEPD sobre el tratamiento de datos personales mediante dispositivos de vídeo, versión 2.0, adoptadas el 29 de enero de 2020.
- Directrices 04/2022 del CEPD sobre el cálculo de las multas administrativas en virtud del RGPD, versión 2.1, adoptadas el 24 de mayo de 2023.
Equivalente en Estados Unidos
Estados Unidos no cuenta con un equivalente federal único al sistema de multas administrativas del RGPD para todo el tratamiento de imágenes y vídeo. La aplicación de la normativa depende del sector y de cada estado. Según las circunstancias, puede existir una exposición comparable en virtud de leyes estatales de privacidad, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California, modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California; leyes de privacidad biométrica, como la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois; acciones de protección del consumidor de la Comisión Federal de Comercio; o normas federales especializadas.
A diferencia del artículo 83 del RGPD, las sanciones estadounidenses no siguen un marco universal basado en un porcentaje del volumen de negocio. Los requisitos para difuminar rostros o matrículas también varían según el estado, la legislación sobre registros públicos, los contratos, las políticas de las plataformas y la práctica judicial.