Subencargado del tratamiento: definición
Un subencargado del tratamiento es una entidad independiente contratada por un encargado del tratamiento para llevar a cabo el tratamiento de datos personales por cuenta del mismo responsable del tratamiento. En virtud del Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), este concepto se denomina «otro encargado» en el artículo 28, apartados 2 y 4. En la práctica, un subencargado del tratamiento se sitúa un nivel por debajo del encargado principal en la cadena de tratamiento.
En la anonimización de imágenes y vídeos, un subencargado puede ser un proveedor de alojamiento, de almacenamiento en la nube, de capacidad de cálculo con unidades de procesamiento gráfico (GPU), de anotación, de mantenimiento o de asistencia técnica que pueda acceder a grabaciones que contengan rostros o matrículas identificables. El aspecto clave es el acceso a los datos personales o su tratamiento antes de completar la anonimización. Cuando una grabación se anonimiza de forma efectiva y ya no se refiere a una persona identificada o identificable, el RGPD deja de aplicarse a ese resultado, aunque las etapas de tratamiento anteriores siguen estando reguladas.
Autorización del responsable y cadena de responsabilidad
El RGPD no permite que un encargado del tratamiento incorpore subencargados libremente. El artículo 28, apartado 2, exige la autorización previa por escrito del responsable del tratamiento. Esta autorización puede ser específica, para un subencargado concreto, o general, permitiendo al encargado recurrir a subencargados siempre que informe de los cambios previstos y dé al responsable la oportunidad de oponerse.
Modelo de autorización | Qué implica | Efecto práctico para la anonimización de vídeos |
|---|---|---|
Autorización específica por escrito | El responsable aprueba cada subencargado identificado antes de que intervenga. | Resulta útil cuando las grabaciones originales presentan un alto riesgo, como en vídeos de hospitales, centros educativos, lugares de trabajo o seguridad pública. |
Autorización general por escrito | El responsable aprueba en principio el uso de subencargados y recibe notificación de los cambios. | Es habitual en flujos de trabajo de software como servicio o de tratamiento gestionado, en los que los proveedores de infraestructura pueden cambiar. |
Sin autorización | El encargado no puede contratar lícitamente a ese tercero para el tratamiento de datos personales. | Utilizar un proveedor no autorizado para almacenar o tratar grabaciones identificables genera una carencia de cumplimiento del artículo 28 del RGPD. |
El artículo 28, apartado 4, establece la cadena de responsabilidad. El encargado debe imponer al subencargado, mediante contrato u otro acto jurídico, las mismas obligaciones de protección de datos. Si el subencargado incumple esas obligaciones, el encargado original sigue siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por dicho incumplimiento.
Función de un subencargado en el difuminado de rostros y matrículas
La detección de rostros y la detección de matrículas suelen realizarse antes de la anonimización. En esa fase, las grabaciones aún pueden identificar a personas, vehículos, ubicaciones, marcas temporales o patrones de comportamiento. Cualquier tercero que almacene, analice, procese, transfiera o preste asistencia respecto de estas grabaciones puede convertirse en subencargado si actúa por cuenta del encargado.
En una instalación local, un proveedor de software no es automáticamente un subencargado. Si Gallio PRO se instala y utiliza dentro del entorno del propio cliente, y el proveedor no tiene acceso a las grabaciones originales, los resultados de detección ni los datos personales, normalmente será un proveedor de software y no un subencargado. Si la asistencia remota, el tratamiento gestionado, el almacenamiento alojado o el acceso con fines de diagnóstico permiten al proveedor acceder a grabaciones identificables, será necesario reevaluar su función conforme al artículo 28.
Gallio PRO no recopila registros que contengan detecciones de rostros o matrículas. Tampoco recopila registros que contengan datos personales ni categorías especiales de datos. El difuminado automático abarca únicamente rostros y matrículas. Otros elementos visibles, como logotipos, tatuajes, tarjetas identificativas, documentos o el contenido de monitores, pueden requerir un enmascaramiento manual mediante el editor integrado.
Cláusulas contractuales necesarias para el subtratamiento
Un acuerdo de subtratamiento no debe basarse únicamente en la confianza operativa. El contrato entre el encargado y el subencargado, u otro acto jurídico, debe reflejar las obligaciones entre el responsable y el encargado exigidas por el artículo 28, apartados 3 y 4, del RGPD.
- Objeto y duración: identificar la actividad de tratamiento de vídeo o imágenes y durante cuánto tiempo puede el subencargado tratar las grabaciones.
- Naturaleza y finalidad: indicar si el subencargado proporciona almacenamiento, capacidad de cálculo, asistencia, procesamiento, transferencia o control de calidad.
- Tipos de datos personales: describir los datos relevantes, como rostros, matrículas, marcas temporales, contexto de ubicación y audio, si se trata audio.
- Categorías de interesados: identificar grupos como empleados, visitantes, pacientes, estudiantes, clientes, conductores o transeúntes.
- Medidas de seguridad: definir requisitos de cifrado, control de acceso, autenticación, segregación, eliminación, copias de seguridad y gestión de incidentes.
- Eliminación o devolución: exigir la devolución o eliminación de las grabaciones originales y los archivos intermedios al finalizar el servicio.
- Derechos de auditoría: permitir que el responsable o el encargado, según corresponda, verifique el cumplimiento mediante documentación, informes o auditorías.
Parámetros clave para la revisión de cumplimiento
La evaluación de un subencargado debe basarse en pruebas. Para la anonimización de imágenes y vídeos, la revisión debe abarcar tanto las condiciones jurídicas como la exposición técnica.
Parámetro | Por qué es importante |
|---|---|
Alcance del acceso | Determina si el tercero puede ver o tratar grabaciones identificables. |
Ubicación del tratamiento | Permite determinar si se aplican las normas sobre transferencias internacionales del capítulo V del RGPD. |
Plazo de conservación | Limita durante cuánto tiempo permanecen disponibles las grabaciones originales, los archivos temporales y los resultados del tratamiento. |
Modelo de asistencia | Indica si la resolución de incidencias puede realizarse sin acceder a datos personales. |
Controles de seguridad | Respalda las medidas del artículo 32, incluidas la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. |
Base jurídica en el Derecho de la UE
La fuente principal es el Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25 de mayo de 2018. El artículo 28, apartado 2, establece que el encargado no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa específica o general por escrito del responsable. El artículo 28, apartado 4, exige imponer al subencargado las mismas obligaciones de protección de datos y mantiene la responsabilidad del encargado original ante el responsable.
El Comité Europeo de Protección de Datos, en las Directrices 07/2020 sobre los conceptos de responsable y encargado del tratamiento en el RGPD, versión 2.0 adoptada el 7 de julio de 2021, explica que las funciones deben evaluarse según la distribución efectiva de la toma de decisiones sobre las finalidades y los medios esenciales. Para las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo, puede ser pertinente la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión sobre cláusulas contractuales tipo, junto con las normas de transferencia del capítulo V del RGPD.
Equivalente en Estados Unidos
No existe un equivalente único en Estados Unidos al concepto de subencargado del tratamiento del RGPD aplicable a todos los sectores. Los conceptos más próximos son los subcontratistas de asociados comerciales conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud de 1996 (HIPAA), en particular 45 CFR 160.103 y 45 CFR 164.502(e), así como las obligaciones trasladadas a proveedores de servicios o contratistas en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California, modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California. Estas normas son sectoriales o estatales y no deben considerarse un régimen federal general de subtratamiento.